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Luxemburgo, 29/2/2008 - La Vicelehendakari y Consejera de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco, Idoia Zenarrutzabeitia, y los Diputados Generales de los tres Territorios Históricos de Euskadi, Xabier Agirre -Diputado General de Álava-, José Luis Bilbao -Diputado General de Bizkaia- y Markel Olano -Diputado General de Gipuzkoa- han asistido el pasado día 28 de febrero a la vista oral de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en relación a las normas forales vascas reguladoras del Impuesto sobre Sociedades.
Además de la Vicelehendakari y de los tres Diputados Generales, otras personalidades relevantes también formaron parte de la nutrida delegación vasca que asistió al acto, entre otras, Izaskun Bilbao -Presidenta del Parlamento Vasco-, los Presidentes de las Juntas Generales de Bizkaia y Gipuzkoa, algunos Directores de Departamentos del Gobierno Vasco y de las Diputaciones, así como representantes de distintos partidos políticos.
Al término de la sesión, la Vicelehendakari del Gobierno Vasco y los Diputados Generales de los tres Territorios Históricos de Euskadi, en defensa del Concierto Económico, han presentado a la prensa una Declaración de las instituciones vascas (Luxemburgo, 28 febrero 2008) (pdf. 44 KB).
Extractos de la Declaración de las instituciones vascas:
En la Declaración se denuncia “la no asunción política, el no reconocimiento político real, pleno, de un pacto político de convivencia, como es el Concierto Económico entre Euskadi y el Estado español” y “su no consideración como un sistema tributario general e integral o, lo que es lo mismo, la idea de querer constreñirlo a ser una mera fotocopia del régimen fiscal del Estado vigente en territorio común”.
En este sentido, se denuncia la “judicialización” del Concierto Económico y la “utilización política que los dos grandes partidos políticos del Estado español han hecho y siguen haciendo […] presentándose en Euskadi como sus máximos defensores, mientras desde otras instancias se dedican a atacarlo, a recurrirlo y a utilizarlo como un arma arrojadiza más entre ellos”.
Asimismo, se señala que, “en relación a su inserción en el entramado jurídico-político y en el espacio económico que estamos construyendo en la Unión Europea […] histórica y sistemáticamente el Estado español ha venido negándose a que la legislación comunitaria contemple la existencia del Concierto Económico […]. La última ocasión que así ha sucedido, hace apenas unos meses, ha tenido lugar con un nuevo rechazo del Gobierno español a la petición expresa de las Instituciones Vascas para que en el Tratado de Lisboa, recientemente suscrito por todos los Estados miembros de la Unión, se recogiera una declaración anexa [sobre la fiscalidad vasca]”.
En la Declaración se reivindica “el pacto político de convivencia que es el Concierto Económico entre Euskadi y el Estado español” y “el autogobierno tributario y financiero” que deriva de dicho pacto.
Efectivamente, según la Declaración, el Concierto Económico “halla su origen y fundamento en razones de carácter histórico […], deviene de una realidad histórica anterior al proceso de construcción unitaria de lo que hoy es el Estado español”. La actualización del pacto, esto es, “el reconocimiento contemporáneo del derecho histórico queda contemplado en el llamado bloque de constitucionalidad (Constitución española de 1978 y Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979) […] y basa su vigencia presente en la voluntad permanente de autogobierno y en la capacidad de autoorganización de la sociedad vasca y sus instituciones propias. […] Si algo caracteriza el sistema de Concierto Económico es su naturaleza pactada, paccionada, concertada”.
Se destaca, asimismo, que “el Concierto Económico significa, esencialmente, que las Instituciones Vascas regulamos y recaudamos nuestros ingresos públicos para financiar nuestra actividad en la medida de las competencias que tenemos asumidas, a riesgo unilateral […] Así pues, las Instituciones Vascas, como consecuencia de la existencia del Concierto Económico con el Estado español, somos en Euskadi las titulares de la potestad normativa en materia tributaria, y contamos para ello con autonomía de gestión, configurando de esta manera un régimen tributario propio, el sistema tributario propio de Euskadi, un sistema fiscal de carácter general de aplicación universal en su ámbito.
A ello hay que añadir, además, que es el propio Concierto Económico el que establece los principios, normas y mecanismos para su armonización y convivencia con el resto de sistemas fiscales que le circundan, como no puede ser de otro modo en tanto que entronca con la realidad jurídico-política en la que se desenvuelve, Euskadi, el Estado español y la Unión Europea.
En relación con la Unión Europea, es preciso señalar que el proceso de armonización fiscal europeo implica un segundo proceso armonizador que viene a superponerse a los principios contenidos en el Concierto Económico. Y la armonización contemplada en el Concierto Económico [...] es fruto de decisiones adoptadas por consenso por las instituciones competentes –un consenso del que las Instituciones Vascas no participamos por más que en Euskadi seamos las competentes en la materia-“.
“Las normas tributarias promulgadas en este campo por las instituciones competentes de los Territorios Históricos de Euskadi […] lo son en virtud de tal potestad normativa y de tal autonomía de gestión. Pues bien, se trata de disposiciones fiscales de carácter general a las que durante su vigencia pudieron acceder todos los agentes económicos que operaban en todo el territorio de Euskadi. Ni favorecían a determinadas empresas, ni falseaban la competencia, ni afectaban a los intercambios entre Estados miembros de la Unión”.
Por otro lado, “desde su vertiente financiera, el Concierto Económico con el Estado español es para las Instituciones Vascas un sistema de riesgo unilateral, puesto que el Estado ni participa de la recaudación fiscal obtenida por las Instituciones Vascas, ni tampoco asume la cobertura de los gastos públicos en Euskadi. Al contrario, somos las Instituciones Vascas, a través del mecanismo del Cupo, las que contribuimos al sostenimiento en Euskadi de las cargas generales del Estado. No hay, pues, una participación del Estado en los ingresos o en la gestión tributaria vasca. En consecuencia, los beneficios o perjuicios que se deriven de una buena o mala gestión tributaria en Euskadi nos corresponderán en exclusiva a sus instituciones y repercutirán en exclusiva sobre la sociedad vasca”.
En definitiva, se reivindica “el futuro del pacto político de convivencia que es el Concierto Económico entre Euskadi y el Estado español” en cuanto a, por un lado, la “necesidad de articular un sistema bilateral de garantías jurídicas y políticas en las relaciones entre Euskadi y el Estado español con objeto de que ni decisiones políticas ni decisiones judiciales interfieran, perviertan o cercenen la aplicación y el desarrollo de los pactos políticos que rigen o, en su caso, puedan regir la convivencia entre los ciudadanos y ciudadanas vascas y entre las Instituciones Vascas y las Instituciones del Estado español” y, por otro, el “reconocimiento normativo del Concierto Económico en la legislación europea, y la consiguiente participación institucional vasca en las instancias comunitarias correspondientes, a fin de garantizar la pervivencia de nuestro sistema tributario en el espacio económico que se está configurando en la Unión Europea”.
En este sentido, se insiste en “reafirmar, una vez más, nuestro compromiso de defender con absoluta firmeza y con todos los instrumentos que estén a nuestro alcance el autogobierno vasco” y en “manifestar nuestra voluntad de encauzar el desarrollo del Concierto Económico con el Estado español, también en la Unión Europea, con seriedad, rigor, y a través de las vías jurídicas y políticas que resulten más adecuadas tanto para los y las contribuyentes de Euskadi como para las Administraciones Tributarias Vascas, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso de arbitrar los medios más idóneos para garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica de nuestro sistema tributario”.
(Fuente: Gobierno Vasco - Asuntos Europeos)
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