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El próximo 25 de marzo se cumplen 50 años de la firma del Tratado de Roma. Ante tal efemérides, el Gobierno Vasco expresa su voluntad de sumarse a dicha celebración, al tiempo que reafirma su compromiso con los principios y valores inspiradores del proceso de integración europea.
Es de todos conocidos que el Gobierno Vasco participó desde sus inicios en los movimientos inspiradores de la idea de una Europa integrada. Incluso desde el exilio, nuestros esfuerzos siempre se han dirigido hacia la búsqueda de la Paz y de la prosperidad de Europa y de los pueblos que la componen. En este sentido, destaca la participación y la contribución que desde los años cuarenta del siglo pasado, en representación del Gobierno Vasco realizaron personalidades como el Lehendakari José Antonio Aguirre y Francisco Javier de Landaburu. Su compromiso en el impulso del federalismo y del movimiento europeísta, se concretó en el "Congreso Federalista" (Luxemburgo, octubre 1946), tras el cual se creó el Movimiento Federalista Vasco (MFV), en marzo de 1947. Aguirre y Landaburu participaron asimismo en el histórico Congreso de Europa (La Haya, 7-10 de mayo de 1948), que estableció los cimientos de la futura Unión Europea. El MFV, por su parte, fue admitido en la Unión Europea de Federalistas en 1948 y participó en el Congreso del Movimiento Europeo en Roma en 1957, año de la firma de los Tratados de Roma.
Durante estos cincuenta años se ha configurado un marco dinámico con un gran potencial: se han sentado las bases para la paz y para el respeto a la diversidad entre los diferentes pueblos europeos; se ha consolidado el recurso al Derecho para la solución de los conflictos; se ha gestado una incipiente ciudadanía europea con importantes valores arraigados en el seno de la misma; se ha incrementado el papel de la Unión en el ámbito de la ayuda al desarrollo y de la ayuda humanitaria; se ha consolidado la realización del mercado interior y se ha evolucionado hacia la moneda única. También es cierto, por lo contrario, que el modelo social que caracteriza a la sociedad europea respecto de otros modelos, afronta crecientes dificultades en el actual escenario globalizado y que faltan por desarrollar e implementar muchas políticas comunes como puede ser la de la Política Exterior y de Seguridad Común.
Sin embargo, a pesar de algunas vacilaciones, se puede valorar positivamente el balance de estos cincuenta años de Unión. Ello debería animarnos a diseñar vías para avanzar con paso decidido hacia una integración que, situando a la ciudadanía en el centro de las preocupaciones, permitiera dar una adecuada respuesta a los nuevos retos que el actual escenario global, caracterizado por la creciente complejidad de las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales, plantea a nivel mundial.
El bloqueo existente en áreas fundamentales obedece a la insuficiente adaptación de los procedimientos decisorios a las sucesivas reformas realizadas desde 1957 (cinco, si incluimos el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa) y a las siete ampliaciones que han llevado a la Unión de seis a veintisiete Estados miembros, que representan quinientos millones de ciudadanos. La convivencia de dos métodos de integración, el intergubernamental y el comunitario, así como el excesivo peso del voto por unanimidad con su corolario, el derecho de veto, no son sino expresiones de la dificultad con que camina el proceso de integración. En este sentido, el sistema de mayoría cualificada como procedimiento ordinario de toma de decisiones, tal y como apuntaba el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, debería presidir en los próximos años el devenir del proceso de integración.
La compleja naturaleza jurídica de la Unión, consecuencia del particular proceso de integración europea, y plasmada en su configuración institucional, ha acarreado cierto déficit democrático. Superar la falta de identificación de la ciudadanía, constituye uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el futuro del proceso de integración.
Por ello, las instituciones de la UE, y concretamente la Comisión Europea, tratan de liderar la necesaria adaptación de los métodos de gobernanza a la nueva realidad del siglo XXI, caracterizada por un número creciente de relaciones y de agentes emergentes, donde la jerarquía va dando paso a la heterarquía. La apuesta de las instituciones comunitarias por aplicar la gobernanza a diferentes niveles es patente y se manifiesta, entre otras, en la voluntad de impulsar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El adecuado desarrollo en la aplicación de los mencionados principios se presenta como indispensable para la conformación de una comunidad supranacional legítima y sólida, con vistas a superar la falta de respeto a las competencias de las naciones y regiones con competencias legislativas, que ha caracterizado el proceso de integración con respecto a algunos de los Estados miembros, como es el caso de España.
La adaptación o revisión del modelo económico actual basado en los consumos excesivos de fuentes de energía no renovables y contaminantes, constituye otro de los retos ineludibles para la Unión y sus ciudadanos. El fenómeno del cambio climático reclama respuestas valientes, basadas en los valores de solidaridad y cooperación entre las regiones de Europa, y que sean justas y equitativas con el resto del mundo, para mantener modelos de economía sostenibles y evitar conflictos bélicos o desastres humanitarios que puedan derivar de la lucha por los recursos naturales.
El modelo social de bienestar europeo, por su parte, reclama una atención constante al diálogo social y una prioridad por la educación e investigación, que, además, permita conectar los polos de investigación con la empresa. Así, el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia renovada de Lisboa adquiere máxima prioridad; en especial si se tienen en cuenta los desafíos que conllevan el cambio demográfico derivado del envejecimiento de la población europea y las consecuencias de la globalización.
Por otro lado, la Política Exterior y de Seguridad Común es un área donde la Unión Europea sufre de divisiones profundas, y donde se hace palpable la necesidad de una evolución que permita a la Unión una presencia política en el mundo acorde con sus valores propios, su dimensión demográfica y comercial, teniendo además en cuenta que, hoy por hoy, constituye uno de los mayores donantes de ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo a nivel mundial. Más que nunca es necesario que Europa pueda hablar con una voz única en los asuntos internacionales y evitar las actuaciones lamentables que ha tenido en el pasado como pueden ser los casos de la ex Yugoslavia o de otros conflictos como los de Oriente Medio, Guerra del Golfo, etc.
En relación al marco financiero de la Unión, y a fin de asegurar su máxima eficacia, debe considerarse la importancia de que el reparto presupuestario entre las diferentes políticas comunitarias resulte coherente con las verdaderas prioridades de la Unión.
A modo de conclusión, podemos decir que los ideales de los padres fundadores de la Unión siguen todavía vigentes; sin embargo, la Unión Europea afronta nuevos retos, ante los cuales resulta imprescindible que se afiancen los logros obtenidos a lo largo de los últimos cincuenta años por medio del diálogo y la cooperación. En este sentido, la UE debe avanzar hacia una integración política, inspirada en el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales y en la diversidad cultural de los diferentes pueblos que la constituyen; en la solidaridad y cohesión económica y social; en el establecimiento de un espacio de justicia, libertad y seguridad, donde las cuestiones relativas a la inmigración cobran una creciente importancia; en un crecimiento basado en el desarrollo sostenible; en un modelo social de bienestar; en el respeto a la diversidad, considerada en su verdadero valor como riqueza; en la promoción de los valores de la Unión, entre otras vías, a través de la educación; en una auténtica participación ciudadana.
Para hacer frente a los desafíos señalados, y a fin de lograr una mayor cercanía a las preocupaciones de la ciudadanía, que es, en esencia, la razón de ser del proceso de integración europea, resulta necesario un reconocimiento efectivo de los niveles subestatales en el seno de la Unión Europea.
En el marco de este reto de procurar una mayor cercanía a la ciudadanía, no sólo los Estados deberían considerarse concernidos en la celebración de este aniversario; también los ciudadanos, tanto a través de las correspondientes instituciones representativas a nivel nacional, regional y local, como individualmente, deberían sentirse protagonistas de la celebración y, así, hacer también suyo el lema del logotipo del 50º aniversario del Tratado de Roma:
" Elkarrekin 1957az gero / Juntos desde 1957 / Ensemble depuis 1957"
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