El plan en el que trabajan los Departamentos de Vivienda y Justicia pretende hacer frente a esta situación mediante un sistema de mediación entre las partes afectadas, basado en un plan de liquidación ordenado de la deuda hipotecaria.

Arriola ha explicado que este servicio estará dirigido a aquellos casos en los que la negociación previa directa entre las partes haya fracasado. El servicio de mediación, tras realizar el inventario de activo y del pasivo del deudor y comprobar que éste se encuentra en situación de sobreendeudamiento, elaboraría un plan de pagos adaptado a las posibilidades reales de la persona, y lo propondría a la Entidad Financiera y al deudor hipotecario, como fórmula de renegociación de las condiciones del crédito hipotecario.

Este proceso debería ser una intervención previa al proceso judicial, sin perjuicio de que el acuerdo que se alcance pueda ser objeto de homologación jurisdiccional.

El Gobierno ha constituído un grupo de trabajo entre ambos Departamentos para definir los compromisos y cometidos concretos del servicio de mediación, el procedimiento para acceder a este servicio, las necesidades, en su caso, de recursos humanos, la posibilidad de desarrollar las potencialidades que ofrece el Servicio de Cooperación con la Justicia, etc. Para ello, se están analizando experiencias de otras Comunidades Autónomas, por ejemplo, Cataluña con el servicio OFIDEUTE.

Una vez definido estos aspectos el Gobierno se pondrán en contacto con las Entidades Financieras para ofrecerles el servicio de mediación, como instrumento que permita evitar las ejecuciones hipotecarias y se regulará mediante una Orden, el Servicio de Mediación, determinando, entre otras cosas, el procedimiento de acceso al mismo. Todo ello se hará, según ha dicho Arriola, con la mayor diligencia posible. “Se trata –ha dicho- de elaborar un sistema seguro jurícamente y solvente para evitar el efecto de las ejecuciones hipotecarias”.

Arriola ha recordado que su Departamento aprobó el 4 de noviembre una Orden por la que se establece la preferencia de acceso al programa Bizigune (programa de alquiler de vivienda vacía) a quienes pierden la vivienda por ejecución hipotecaria, como consecuencia de la extinción de su contrato de trabajo.

Asimismo, el Gobierno aprobará antes de fin de año la modificación del Decreto de Colaboración Financiera con las entidades financieras para facilitar la concesión de los créditos hipotecarios, estableciendo la garantía de recompra por parte del Gobierno Vasco de las viviendas de VPO, en caso de morosidad sobrevenida como consecuencia del desempleo. En el convenio se establecerá asimismo, la preferencia de los afectados para el acceso a vivienda de alquiler de los programas del Gobierno Vasco.

Arriola ha recordado que con la Ley Hipotecaria española actual ya sería posible desarrollar un mercado hipotecario basado en la responsabilidad limitada de los deudores o lo que es lo mismo la entrega de la vivienda para cancelar la deuda, mercado que entiende que sería conveniente desarrollar, como alternativa al sistema actual de responsabilidad ilimitada, de tal manera que los consumidores pudieran elegir entre ambos modelos y “asumir sus ventajas e inconvenientes con libre e informada decisión”.

Pero mientras tanto, el Gobierno “no puede quedarse de brazos cruzados ante un problema de primer orden para la ciudadanía, porque las medidas que se vienen adoptando hasta el momento, como la prolongación del plazo de las hipotecas o la ampliación de las posibilidades de rescate de los fondos de pensiones, por citar algunas, no están siendo todo lo efectivas que sería deseable”.