La consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, ha asegurado hoy que el gasto corriente de las empresas vinculadas al departamento ha experimentado en 2010 una reducción del 20% con respecto a 2009, y ha estimado que las medidas diseñadas para optimizar los recursos económicos y de personal y para compartir estructuras empresariales pueden traducirse en 2011 en una minoración adicional del gasto corriente de entre un 10% y un 15%.
Pilar Unzalu, quien solicitó el pasado 15 de enero comparecer ante esta Comisión de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Parlamento Vasco para explicar la reordenación de las empresas de su departamento, ha indicado que ésta se ha llevado a cabo siguiendo los criterios de “austeridad, rigor y transparencia”, y tratando de racionalizar el funcionamiento del conjunto de sociedades.
“Esperamos finalizar la primera fase de la reorganización de las empresas a finales del presente año con una reducción del gasto corriente consolidado del 20 por ciento. Paralelamente, vamos a poner en práctica todas las medidas estructurales de racionalización del gasto que nos permitirán cerrar 2011 con una dismunición de un 35% con respecto al momento en que asumí la dirección de este departamento en 2009”, ha aseverado.
El conjunto de estas empresas suman un presupuesto de 84.500.000 euros, de los que 59.500.000 son aportados por el departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, de forma que el 29 por ciento restante procede de la autofinanciación.
En su diagnóstico de la situación encontrada a su llegada al Gobierno, la consejera ha explicado que se ha analizado la estructura y servicios de empresas públicas como Itsasmendikoi (IMK), Ihobe, Neiker, Azti, Kalitatea, Basque Food, Elika, Hazilur e IKT, que conforman un pilar de la gestión de las políticas del departamento y emplean a cerca de 770 personas. “Se trata de un equipo humano altamente cualificado, comprometido con su trabajo y con el sector, y capacitado para desarrollar con éxito proyectos complejos”, ha precisado Pilar Unzalu.
En ese análisis se ha constatado que la tipología de las empresas es variada –hay fundaciones, sociedades anónimas con capital público, sociedades limitadas, etc.-, que tienen una gran dependencia presupuestaria del departamento y se ha advertido que, a la vista de las partidas de gasto, “hay un gran potencial de ahorro que se puede conseguir aprovechando masa crítica para mejorar condiciones y negociar mejor como grupo, desde una posición de fuerza, las contrataciones en materia de comunicación, asesoría legal, consultorías, suministros, etc.”.
Con este diagnóstico, se ha diseñado una estructura dividida en tres bloques: uno de Investigación y Desarrollo en torno Azti y Neiker, incluidas en la corporación Tecnalia; otro de Medio Ambiente que se trabaja desde Ihobe; y un tercer bloque que agrupa a empresas que están más enfocadas al sector primario, como IMK, Basque Food, IKT, Hazilur, Elika o Kalitatea.
Las empresas de este último grupo desarrollan actividades complementarias dentro de la cadena de valor, ofrecen posibilidades para compartir sinergias y compartir recursos, y saldrían beneficiadas con una mayor coordinación. Por eso se plantea la evolución hacia una corporación de empresas del Gobierno Vasco para el impulso del medio rural y marino que, en una primera fase, respetaría la personalidad jurídica de cada sociedad pero que permitiría ir traspasando a la corporación algunas áreas transversales –comunicación, proyectos internacionales, compras-, la planificación estratégica del grupo y su desarrollo organizativo con el objetivo de optimizar el funcionamiento colectivo.
Además de en estas empresas, se ha evaluado el papel que el Gobierno Vasco estaba llevando a cabo en una treintena de proyectos empresariales, al objeto de aclarar el futuro de dicha participación y simplificar la estructura de las sociedades en las que participa el ejecutivo autonómico.
El análisis se ha realizado observando dos criterios: por un lado, la vinculación del proyecto con el departamento, esto es, si está alineado con sus objetivos, si la actividad se desarrolla también por parte de la iniciativa privada o si la existencia de la empresa es necesaria o ventajosa para la prestación del servicio; y, por otro, la aportación de valor a la sociedad, es decir, si es de interés general o sectorial, si cuenta con el compromiso y la participación de agentes sectoriales o si hay un efecto multiplicador de la inversión.
En base a estos criterios, el departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca ha decidido disolver o dejar de participar en un total de 16 empresas, y hay otros cinco proyectos que están siendo aún estudiados.
“El objetivo del departamento con esta reordenación no es hacer o deshacer empresas, sino actuar con austeridad, transparencia y rigor en aplicación de un diagnóstico que se ha elaborado con criterios claros como los expuestos y que son los que determinan si el Gobierno debe consolidar un proyecto empresarial o debe dejar de participar en él”, ha sostenido Pilar Unzalu.
